Gobierno
de Colombia eliminó Derecho al Voto a 99,13%
de
colombianidad en Venezuela
durante la jornada electoral del domingo.
Fotos: PAM
Por vía de los hechos, al 99,13% de colombianas y colombianos que residen en Venezuela les fue eliminado su Derecho a la Participación Política Electoral, debido a la decisión del Gobierno de Iván Duque Márquez, de hacer oídos sordos a las demandas de su connacionalidad, para solucionar el vacío jurídico dejado con el rompimiento de relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela; y la consecuencial salida de la delegación diplomática neogranadina de territorio venezolano.
Como se supo, más de una docena de tutelas fueron interpuestas, ante el Poder
Judicial de Colombia, por personas colombianas que hacen vida en
Venezuela, donde se propuso establecer puentes con el Gobierno de Nicolás
Maduro Moros, para lograr la reapertura de los consulados o, en su defecto,
solicitar la mediación de un tercer país, como lo prevé el Derecho
Internacional Público en estos casos; a fin de facilitar espacios donde
colombianas y colombianos pudieran ejercer su Derecho a Elegir y ser Elegidos.
Conviene reseñar que, constitucionalmente, la colombianidad en el
exterior tiene derecho a postular candidatas y candidatos por Jurisdicción
Especial Internacional a la Cámara de Representantes. No obstante, el Gobierno
de Duque dispuso que sus connacionales en el vecino país, si querían
votar, debían desplazarse a territorio colombiano, instruyendo al
ente electoral habilitar como puestos de votación los Puntos de Atención
Fronteriza (PAF), establecidos en zona limítrofe colombo venezolana, sólo para
atender asuntos de documentación.
Así las cosas, y sin abrir un nuevo registro electoral, como correspondía,
repartieron a la colombianidad inscrita para votar en cinco PAF, ubicados en
Arauca, Guainía, Guajira y Norte de Santander.
A más del entuerto legal que significa colocar, en territorio
nacional, una Jurisdicción Internacional; obligar a la población colombiana que
vive en Venezuela a desplazarse a su país, para poder elegir; sin ofrecer
mecanismos de apoyo, ni garantías para las más de siete mil personas que son
refugiadas; es claramente una violación al Derecho Constitucional de
Participación Política que tiene esta franja poblacional.
El resultado no puede ser más diciente: sólo el 0, 57% (1134) votantes pudieron ejercer su Derecho al Voto; mientras, el
100% perdió su Derecho a postularse y ganar la Curul Internacional a la Cámara
de Representantes.
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